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14 Nov 2026 ·17 min de lectura ·56 vistas

Error no es omisión: cómo la pericia de parte desmontó una acusación

Rolando Pingo Flores

Por Rolando Pingo Flores

CPCC.

Error no es omisión: cómo la pericia de parte desmontó una acusación

Caso real de colusión: el CPCC Rolando Pingo Flores muestra cómo una pericia de parte detectó los errores de la CGR y de la pericia oficial.

Error no es omisión: cómo una pericia de parte desarmó una imputación por colusión

En los procesos por delitos contra la administración pública todavía hay abogados que preguntan qué hace un contador en un caso de colusión o de negociación incompatible. La respuesta habitual es que hace falta cuantificar el perjuicio económico al erario. Es cierto, pero se queda corta. En su ponencia del 23 de octubre de 2026 en La Hora del Perito, el CPCC Rolando Pingo Flores, auditor y perito contable, Premio Nacional de Contabilidad y Finanzas, planteó algo más exigente: el perito contable está en condiciones de comprobar, en plena investigación preliminar, si el hecho imputado existió o no. Y para mostrarlo llevó un caso real que terminó con la absolución del encausado.

Lo que sigue reúne los argumentos de la ponencia, el dictamen de parte que el expositor compartió y el acta de entrevista que usó con su patrocinado.


El problema de fondo: un informe de control que nadie vuelve a investigar

El ponente describió una cadena de errores que, según su experiencia, se repite en los casos que llegan a juicio en el Perú. Empieza en la Contraloría General de la República. Sus equipos están integrados sobre todo por auditores, no por especialistas en análisis de cuentas ni en investigación, y sus informes administrativos suelen atribuir responsabilidad a grupos amplios de funcionarios (cinco, ocho, diez) cuando la conducta reprochable, si existe, es de uno o dos. A su juicio, el defecto más frecuente es que esos informes no cierran el círculo: no se contrastan con los registros contables ni con la documentación de las áreas operativas. No se pregunta, por ejemplo, si hay reclamos contabilizados contra el proveedor, qué informó el almacén o qué registra el área de activos fijos.

El segundo eslabón es la Fiscalía. Cuando recibe el informe de control, lo hace suyo y no investiga, porque lo da por exacto. En algunas carpetas ni siquiera aparece la pericia de oficio. Y el tercer eslabón es el propio perito de oficio cuando se limita a lo que contiene la carpeta fiscal, sin agregar ni verificar nada.

Pingo recordó un principio que el perito de parte no debe perder de vista. A la Fiscalía le corresponde demostrar la responsabilidad para luego acusar, y el encausado no está obligado a demostrar su inocencia. Por eso el aporte del peritaje de parte, bien orientado, no consiste en probar la inocencia. Consiste en evidenciar que la acusación no ha demostrado lo que afirma. Si la Fiscalía no hace su trabajo, o si el perito de oficio no analiza la causa desde sus inicios, ya se están vulnerando los derechos del encausado.

La teoría del delito como lista de verificación del dictamen

El perito no es juez, ni fiscal, ni abogado. Pero si quiere que su dictamen se entienda en audiencia y resista el contrainterrogatorio, tiene que redactarlo en el lenguaje que los magistrados esperan. Por eso el expositor propuso usar los elementos de la teoría del delito como una lista de control al leer la carpeta:

Conducta. Es el comportamiento humano voluntario, por acción o por omisión de un deber de actuar. En el ámbito público, la pregunta clave es si el funcionario actuó conforme a su criterio profesional al interpretar las normas que regulan su función, en particular las normas de control interno, que muchas veces son imprecisas, ambiguas o incompletas. Los pensamientos o condiciones personales no delinquen: no hay delito sin una conducta que evidencie una inconducta.

Tipicidad. Es el encaje de lo fáctico en la descripción exacta que prohíbe la ley penal (principio de legalidad). Lo fáctico es el hecho directo y comprobado, y eso es lo que el perito debe entregar, no una impresión.

Antijuridicidad. Se verifica si existe una causa de justificación, como el cumplimiento de un deber legal. Si la conducta está justificada, no es delito.

Culpabilidad. Es el juicio de reproche al autor. Aquí el ponente insistió en algo que observa en las audiencias: la imputación suele descansar en presunciones. Una presunción debe investigarse; si es vaga, imprecisa o no existe, no hay base para la investigación.

Punibilidad. Se pregunta si el hecho reúne todos los requisitos para ser sancionado.

A esto sumó la secuencia que hoy siguen los magistrados antes de sentenciar: quién lo hizo, con qué medios, qué resultó de la prueba, qué lo causó y cuál fue su efecto. Las dos últimas preguntas, el porqué y la consecuencia, ya no son ajenas al perito, porque para responderlas hay que conocer los hechos desde la fase preliminar.

Y una distinción que resultó decisiva en el caso que se expone más adelante: el error no es lo mismo que la omisión. La omisión supone una inconducta; el error, no. Saber argumentar de qué lado cae un hecho es, muchas veces, lo que separa un hecho punible de uno que no lo es.

Un primer ejemplo: el hospital y el almacén

Antes del caso central, el expositor contó uno más breve. La Contraloría auditó un hospital ya construido y en funcionamiento, tomó muestras de paredes, pisos y tuberías, y concluyó que el material no era el especificado en la orden de compra. Responsabilizó al ingeniero residente y supervisor de la obra.

Como perito de parte, Pingo hizo lo que haría un auditor en trabajo de campo. Fue al almacén, por donde ingresaba todo el material comprado, y encontró las guías de remisión firmadas en conformidad. No se detuvo ahí. Fue a contabilidad a verificar si había algún reclamo registrado por incumplimiento del proveedor, y no había nada pendiente. Con la conformidad del almacén y sin reclamos contabilizados, la responsabilidad del ingeniero quedó descalificada. La conclusión del ponente: si la Contraloría hubiera hecho ese mismo recorrido, no habría podido responsabilizarlo.

El caso central: colusión y negociación incompatible en un servicio de vigilancia

La imputación

La procuraduría de un organismo técnico del Estado denunció a un ex servidor que había sido presidente del comité de selección, junto con otro ex trabajador y el gerente de la empresa ganadora, por colusión agravada (artículo 384 del Código Penal) y negociación incompatible. El proceso era la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede institucional, adjudicado por S/ 1'785,025.92.

El indicio central era llamativo. En la estructura de costos presentada por la empresa ganadora aparecían los nombres de los dos ex servidores, con importes al lado: S/ 43,808.64 y S/ 15,775.32. Para la acusación, aquello tenía la apariencia de una comisión.

La trayectoria procesal muestra lo frágil que era la imputación. La Fiscalía abrió diligencias preliminares en diciembre de 2017, declaró compleja la investigación en abril de 2018 y, en marzo de 2019, dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria. La decisión fue elevada y, en junio de 2019, se ordenó una pericia económico-contable a cargo de peritos oficiales para determinar el perjuicio patrimonial o la pérdida de oportunidad. También se ofició para obtener el registro de visitas a los investigados, sus bienes registrados y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. El ponente lo explicó sin rodeos: la Fiscalía también es supervisada y procura no perder casos.

Lo que la pericia oficial no verificó

Los dos peritos contables del Ministerio Público afirmaron en su informe que los ex trabajadores participaron directamente en el proceso de selección en el que se adjudicó la buena pro. El perito de parte no aceptó esa afirmación sin más y pidió a la entidad el reporte de vacaciones de su patrocinado. La respuesta oficial cambió el caso:

El encausado estuvo de vacaciones del 11 de julio al 7 de agosto de 2016.

Las bases de la segunda convocatoria se aprobaron el 22 de julio de 2016, bajo la presidencia de otro servidor.

El acto público de apertura de sobres y verificación de la documentación obligatoria, en el que solo quedó admitida la empresa luego ganadora, se realizó el 4 de agosto de 2016. El encausado no estaba.

Se reincorporó el 8 de agosto y dejó la presidencia del comité el 16 de agosto de 2016.

Es decir, la afirmación de los peritos oficiales no se ajustaba a la verdad. El ponente lo atribuyó a una ligereza frecuente: revisar la documentación con prisa, sin detenerse a reconstruir paso a paso la cronología de los hechos.

Cuándo llegó la estructura de costos y quién la vio

La segunda línea del análisis fue documental. Las bases del concurso no exigían que la estructura de costos se presentara en el sobre de la propuesta económica. La empresa la entregó después, el 2 de septiembre de 2016, por mesa de partes, en un expediente de 276 folios con los requisitos para firmar el contrato, y fue derivada a la Unidad de Abastecimiento. Para entonces el comité ya había informado el resultado del proceso. En la etapa de calificación, el comité evaluaba los requisitos técnicos y el ajuste al presupuesto, no la estructura de costos. Por tanto, el encausado no se enteró de su contenido, ni le correspondía conocerlo según las bases.

El contrato se firmó el 9 de septiembre de 2016. Lo suscribió la jefatura de la Oficina de Administración, con el visto bueno de la Unidad de Abastecimiento y de la Oficina de Asesoría Jurídica. El documento defectuoso pasó por varias manos y nadie lo observó. Ninguna de ellas era la del presidente del comité.

Error de redacción, no omisión

Quedaba explicar por qué aparecían esos nombres con importes. El perito comparó la estructura cuestionada con la de otra empresa del mismo rubro. La estructura de la ganadora no mostraba los gastos directos habituales en un servicio de seguridad: equipos de protección personal, exámenes médicos, licencias de armas. Los importes junto a los nombres correspondían en realidad a gastos fijos mal rotulados. El documento había sido elaborado por una asistente comercial de la empresa que carecía de idoneidad para componer una estructura de costos, y la versión del gerente, que obra en la carpeta, lo confirmaba.

La conclusión técnica fue que, desde la contabilidad de costos, se trataba de un error de redacción y no de una omisión, y por tanto no constituía un hecho punible. El ponente subrayó el efecto de esa palabra en audiencia: «punible» es el término que esperan los operadores del derecho, y fue suficiente para descalificar la acusación.

El dictamen se cerró con una verificación patrimonial. Se revisaron los ingresos de las cuentas bancarias del encausado durante el periodo de la pericia y no se encontraron signos de mayor riqueza.

Las conclusiones del dictamen

El peritaje concluyó que no se evidenciaba responsabilidad del encausado por colusión ni negociación incompatible. Además, señaló a quién correspondía esclarecer los hechos: a la jefatura de la Oficina de Administración y a la jefatura de la Unidad de Abastecimiento, que visaron o firmaron el contrato pese a la deficiencia de la estructura de costos. Según relató el ponente, el encausado fue finalmente declarado inocente.

Reflexión del ponente: «Una cosa es que se escriba y otra cosa es que se explique en un contrainterrogatorio. Y cuando la explicación no existe o es errada, la pericia prácticamente se cae.»

La frase resume una escena que el expositor presenció en otro juicio. El abogado defensor preguntó al auditor de la Contraloría cuál era su criterio interpretativo de la norma. El funcionario respondió que se limitaba a aplicar la ley, que era clara. Cuando se le pidió que explicara qué lo llevó a atribuir la responsabilidad, guardó silencio. No pudo reconstruir el orden de los elementos que sustentaban su conclusión.

El acta de entrevista: preguntas que la investigación nunca hizo

Para reconstruir los hechos, el perito aplicó a su patrocinado un cuestionario inspirado en los de evaluación de control interno que se usan en auditoría, formalizado como acta de entrevista con declaración jurada notarial. Las preguntas cubren, entre otros puntos:

desde cuándo integraba el comité de selección y cómo fue designado;

si tenía relación laboral, de amistad o familiar con el postor ganador;

si detectó anomalías en las propuestas técnica y económica y si las comunicó;

si elaboró las bases del concurso;

si sabía que la carta fianza de garantía no provenía de una entidad reconocida por la SBS;

si recibió injerencia para designar al ganador;

si estuvo presente en la apertura de sobres;

si cumplía el perfil requerido para el cargo;

si fue interrogado y contrainterrogado por la Contraloría;

si, conforme a las normas de control interno, le asistía responsabilidad administrativa.

Las respuestas aportaron datos que no estaban en la carpeta. El comité no elaboró las bases, que le fueron entregadas. La designación vino de la gerencia de logística. La carta fianza presentada por el ganador no estaba respaldada por una entidad autorizada, un hecho anómalo distinto del imputado. Y el encausado reconoció que no cumplía el perfil exigido por las normas de control interno, lo que plantea un problema administrativo, no penal. Hubo además un dato revelador sobre la calidad del informe de control: el encausado nunca fue interrogado ni contrainterrogado por la Contraloría, a pesar de que en auditoría esa diligencia es indispensable para validar lo que luego se concluye.

En la ronda de preguntas, un colega planteó una objeción pertinente: ¿es válido ese interrogatorio sin la presencia de un fiscal? El ponente precisó que el cuestionario debe canalizarse a través de la Fiscalía, tanto para su absolución como para la entrega de las respuestas; ese es el conducto regular. La declaración jurada notarial, en cambio, es un derecho del ciudadano que no se le puede negar a la persona comprendida en la investigación. El ponente añadió que, en este caso, el encausado, como trabajador de la entidad tras volver de vacaciones, ejerció su derecho de solicitar información a las áreas de almacén y contabilidad, y nadie se opuso.

Del indicio a la prueba cierta

Otra participante preguntó si el cuestionario podía considerarse evidencia. La respuesta fue que no lo es por sí solo: es parte de la evidencia. El razonamiento pericial que propuso sigue la secuencia que los auditores aplican según las NIA y las NAGA: se parte de hipótesis, se llega a indicios, de los indicios a la evidencia y de la evidencia al hallazgo. En el lenguaje del derecho, el hallazgo equivale a la prueba cierta. Y la pericia contable no es el único medio probatorio: es parte de él.

La metodología del dictamen lo expresa en esos términos. Se trabajó con razonamiento lógico sobre la documentación de la carpeta y la obtenida fuera de ella, con un enfoque inductivo y deductivo que exige salir del escritorio. Se reconocieron hipótesis, se buscaron indicios y se reunió evidencia suficiente para llegar a conclusiones con «certeza cierta», sin margen de duda.


Lecciones para la práctica pericial

Estudiar la normativa antes del trabajo de campo. En este caso: el Código Procesal Penal, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el ROF de la entidad, las NIA y las NAGA.

Reconstruir la cronología con documentos oficiales. Un reporte de vacaciones bastó para desmontar la afirmación central de la pericia oficial.

Cerrar el círculo contable. Hay que contrastar lo que dice el informe de control con almacén, contabilidad, activos fijos y reclamos registrados.

Seguir el recorrido del documento cuestionado. Quién lo recibió, quién lo visó y quién lo firmó suele redistribuir la responsabilidad.

Calificar técnicamente el hecho. Distinguir error de omisión, y conducta típica de deficiencia administrativa.

Ir más allá de la carpeta fiscal. Por los canales debidos, a través de la Fiscalía o del derecho de acceso del propio encausado.

Revisar el dictamen hasta que no admita preguntas. El expositor confesó que prefiere demorar un día más antes que llegar a audiencia con un dictamen que pueda descalificarse.

Al cerrar su exposición, el ponente insistió en una idea: no hay culpable mientras no exista sentencia. La investigación fiscal es preliminar, y el perito contable que trabaja a conciencia puede contribuir a que la decisión final se apoye en hechos verificados y no en presunciones.

Artículo elaborado a partir de la ponencia «Casuística de delitos contra la administración pública», del CPCC Rolando Pingo Flores (Grupo Pingo), presentada en el webinar académico de La Hora del Perito el 23 de octubre de 2026, con certificación del Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador. Se han omitido los nombres de las personas y empresas involucradas en el caso.

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