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12 Nov 2026 ·24 min de lectura ·42 vistas

Peritaje Contable de Parte ante el Informe de Indicios de SUNAT

Pamela Cárdenas Torres

Por Pamela Cárdenas Torres

Mg. CPCC.

Peritaje Contable de Parte ante el Informe de Indicios de SUNAT

Metodología pericial para defenderse ante un Informe de Indicios de Delito Tributario de SUNAT: perjuicio fiscal, operaciones reales y jurisprudencia.

El Peritaje Contable de Parte como Estrategia de Defensa ante el Informe de Indicios de Delito Tributario de la SUNAT: Metodología, Perjuicio Fiscal y Jurisprudencia

Cuando un Informe de Indicios de Delito Tributario llega a la Fiscalía, el investigado suele buscar a un contador para que “lo rebata”. Pero la pregunta correcta no es cuánto cotizar, sino si el caso es técnicamente defendible. El peritaje contable de parte no es un trámite: es la herramienta que traduce los errores de cálculo, las contradicciones y las calificaciones apresuradas de la administración tributaria a un lenguaje que el fiscal y el juez puedan valorar.

El presente artículo sistematiza la ponencia de la Mg. CPC Pamela Cárdenas Torres — contadora pública colegiada, perito contable y auditora financiera, con estudios de maestría en criminalística, tributación, auditoría y gestión pública, y especialista en peritaje contable judicial, auditoría forense y lavado de activos — en el marco del Webinar “La Hora del Perito”. A partir de un Informe de Indicios real emitido en 2026, anonimizado, y de los casos de su práctica profesional, se propone un protocolo de actuación en tres momentos: diagnóstico previo de viabilidad, metodología de diez etapas y contra-informe con oralización en juicio.


I. Naturaleza Jurídica del Informe de Indicios: Requisito de Procedibilidad y Pericia Institucional

El Informe de Indicios es, a la vez, llave de entrada al proceso penal y prueba pericial. La Corte Suprema lo ha denominado su “doble carácter” en la Casación N° 2505-2022/Lambayeque, y ese doble carácter define el terreno sobre el que trabaja el perito de parte.

Base normativa

Ley Penal Tributaria (D. Leg. N° 813), artículo 7.1: el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria previo informe motivado del órgano administrador del tributo. Este numeral fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1716, publicado el 4 de febrero de 2026, que prevé un “informe de hechos” para los delitos de los artículos 5-A, 5-B, 5-C y 5-E.

TUO del Código Tributario (D.S. N° 133-2013-EF): el artículo 62 regula las facultades de fiscalización que originan los hallazgos; el artículo 194 otorga valor de pericia institucional a los informes técnicos o contables de los funcionarios de la SUNAT que investigan el presunto delito; y el artículo 189 regula la regularización tributaria como causa de exclusión de la acción penal.

Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957): rige la actuación del fiscal y las reglas de valoración de la prueba pericial.

El informe como requisito de procedibilidad

En el Recurso de Nulidad N° 2740-2017/Lima (5 de setiembre de 2018), la Sala Penal Permanente sostuvo que el requisito de procedibilidad se cumple con el informe motivado de la SUNAT, y que la discusión sobre la antijuridicidad de los hechos no corresponde a esa etapa. De este fallo se desprenden tres reglas útiles para el perito: la variación posterior del monto del perjuicio no invalida el informe; la precisión definitiva de la imputación corresponde a etapas posteriores del proceso penal; y la SUNAT no necesita agotar el procedimiento administrativo para comunicar los indicios, pues ambos procedimientos corren en paralelo.

La consecuencia práctica es clara: atacar el informe como mero requisito formal rara vez prospera. El esfuerzo pericial rinde más cuando se dirige a su contenido probatorio.

Pericia institucional, no verdad inmutable

La Corte Suprema ha reiterado que los informes técnicos de la SUNAT constituyen pericia institucional y deben valorarse como tal (R.N. N° 1108-2018/Sullana), y que los peritos institucionales no requieren designación judicial expresa (Casación N° 901-2019/Cañete). La lección operativa de la ponente es directa: no hay que esperar a que se nombre un perito judicial para recién defenderse; el informe ya es pericia y debe rebatirse desde que llega a la Fiscalía.

Ahora bien, valor pericial no significa prueba absoluta. Como toda pericia, el informe puede ser contradicho mediante pericias de parte, observaciones técnicas, prueba documental y el interrogatorio de los auditores en juicio. Esa es la puerta por la que entra el perito contable de parte.

Lección para el perito contable: El Informe de Indicios tiene un peso probatorio contundente, pero no constituye una verdad inmutable. La defensa técnica comienza el mismo día en que el informe ingresa a la carpeta fiscal.


II. Lectura Pericial de un Informe Real: Estructura y Puntos Críticos

Leer el informe con método es el primer acto de defensa: cada capítulo indica qué debe pedirse, qué debe cotejarse y dónde suelen aparecer los errores. La ponente expuso un informe emitido en 2026 por una Intendencia de Tributos Internos, referido al Impuesto a la Renta de tercera categoría de los ejercicios 2021 y 2022 de una sociedad anónima cerrada.

Capítulo del informe Contenido en el caso Qué revisa el perito de parte
Datos generales y accionariado Representantes legales, gerente y contador; dos socios (99 % y 1 %) y una transferencia de acciones vía donación en 2024 no anotada en el libro de matrícula. Quién ejercía cada cargo y en qué fechas; validez de la transferencia de acciones.
Antecedentes Fiscalización definitiva originada por una denuncia: un grupo familiar habría creado empresas emisoras de comprobantes por operaciones inexistentes. Órdenes de fiscalización, denuncia y criterio de selección: de ahí “nace” el caso.
Análisis de hechos Requerimientos de comprobantes, guías, contratos, pagos e inventarios. Que cada afirmación tenga folio de respaldo y que los requerimientos se notificaran correctamente.
Indicios de delito Notas de crédito sin sustento, liquidaciones de compra a personas sin RUC, pagos previos inexistentes, legalización de libros presuntamente falsa, inicio de disolución. Si cada indicio está probado o solo afirmado; si los libros incautados coinciden con los presentados.
Modalidad y conducta penal Simulación de adquisición de semillas mediante liquidaciones de compra; esquema de 26 empresas. Artículo 1 de la Ley Penal Tributaria con agravantes del artículo 5-D. Tipicidad, dolo y sustento de cada agravante.
Perjuicio fiscal Tributo omitido 2021 y 2022, intereses actualizados y resoluciones de determinación en reclamación. Recálculo integral del tributo omitido.
Personas vinculadas y conclusiones Gerente-contador y familiares, con el “motivo” de su vinculación; remisión al Ministerio Público. Rol real de cada persona: quién decidía, quién firmaba y quién se benefició.

Dos señales del caso merecen especial atención. La primera es la incautación: el informe afirma que los libros presentados durante la fiscalización no coinciden con los incautados. El perito debe solicitar la carpeta fiscal completa y saber si hubo incautación antes de aceptar el encargo, porque un segundo juego de libros cambia por completo la estrategia.

La segunda es la cadena de responsabilidad societaria. En otro caso narrado por la ponente, el fiscal convocó incluso a los socios fundadores que habían vendido la empresa, porque la transferencia de acciones estaba incompleta. Mientras la documentación de un traspaso no esté perfeccionada, la responsabilidad puede alcanzar a quienes creen haberse desvinculado.


III. El Diagnóstico Previo: ¿Es Defendible el Caso?

El aporte ético central de la ponencia es este: el perito de parte no acepta un caso que no puede sustentar. Antes de cotizar, dedica entre uno y tres días a un diagnóstico de viabilidad. Un informe pericial que no puede defenderse en audiencia perjudica al investigado y desprestigia al profesional; en palabras de la ponente, el cliente podría sentirse incluso “estafado”.

El protocolo propuesto comprende cuatro pasos: la lectura de la carpeta fiscal y del expediente de auditoría (requerimientos, resultados, actas de inspección e incautación, anexos); la entrevista técnica y la verificación documental, para constatar que existan libros, comprobantes y medios de pago; la identificación preliminar de errores, contradicciones internas y afirmaciones sin anexo; y un dictamen interno de viabilidad, por el cual el encargo se acepta solo si existe base para una defensa objetiva.

La ponente añade dos pautas de práctica. El perito debe preguntar “aunque sea de cargoso”, porque el abogado mira la parte legal y rara vez entrega el panorama contable completo. Y en la etapa precontractual se adelanta qué extremo es defendible, sin revelar toda la estrategia hasta formalizar el encargo.

Lección para el perito contable: Si el cliente ni siquiera tiene libros, mejor no tome el trabajo. En audiencia no habrá cómo sustentarlo. El diagnóstico previo protege al cliente, al proceso y a la credibilidad de la pericia de parte.


IV. Metodología de Defensa Pericial en Diez Etapas

Superado el diagnóstico, la defensa se despliega en diez etapas que van de lo formal a lo sustantivo y concluyen en una conclusión pericial alternativa:

1. Análisis integral del informe: revisar estructura, metodología y sustento; verificar que describa hechos, fechas, conductas y montos.

2. Infracción versus delito: determinar si existe ardid, engaño o simulación, o solo un incumplimiento formal. No todo reparo tributario constituye delito.

3. Metodología de la SUNAT: evaluar el universo y la muestra revisados, la base de cálculo, el uso de presunciones indebidas y si se valoró toda la documentación de descargo.

4. Recálculo del perjuicio fiscal: reconstruir la base imponible y el tributo omitido; detectar duplicidades, saldos a favor y compensaciones; separar tributo, intereses y multas.

5. Realidad económica de las operaciones: reunir documentación comercial, contractual, logística y financiera que pruebe que el bien o servicio existió.

6. Bancarización y flujo financiero: seguir el pago factura → banco → proveedor y descartar retornos de fondos o triangulaciones.

7. Capacidad operativa de los proveedores: revisar RUC, domicilio, trabajadores y activos; considerar la subcontratación; evitar conclusiones automáticas de inexistencia.

8. Libros y registros contables: conciliar PDT, libros y estados financieros; sostener que un error formal de registro no equivale a fraude.

9. Matriz de contradicciones: elaborar un cuadro con cifras que no cuadran, errores de transcripción o de período, reparos duplicados y conclusiones sin respaldo, citando tomo y folio.

10. Conclusión pericial alternativa: cuantificar el perjuicio real o alternativo y sustentar que no existen elementos de fraude, o que se trata de una controversia de naturaleza tributaria.

La novena etapa recoge un hallazgo frecuente en la práctica de la ponente. En un caso, el auditor afirmó en un capítulo que había verificado los libros contables y, más adelante, que estos no se evidenciaron. Contradicciones de este tipo debilitan la fuerza del informe como pericia y deben señalarse con su ubicación exacta.


V. El Perjuicio Fiscal: El Frente de Mayor Rendimiento para la Defensa

El perjuicio fiscal es el monto que el Estado deja de recibir por la conducta ilícita. Para efectos penales cuenta el tributo omitido (insoluto); los intereses y las multas son accesorios. Es el dato al que el fiscal se aferra para sostener la imputación y las agravantes, y por eso es el frente donde la pericia de parte suele obtener sus mejores resultados.

Umbrales que cambian la calificación

La defraudación tributaria del artículo 1 de la Ley Penal Tributaria se reprime con pena privativa de libertad de 5 a 8 años y 365 a 730 días-multa. Conforme al numeral 2 del artículo 5-D, cuando el tributo dejado de pagar supera las 100 UIT en un período de doce meses o un ejercicio gravable, la pena se eleva a 8 a 12 años y 730 a 1460 días-multa. En materia aduanera, la Ley N° 28008 fija umbrales de 4 UIT para el contrabando y de 1 UIT para la defraudación de rentas de aduana; por debajo de ellos, la conducta es infracción administrativa. Un recálculo que perfore estos umbrales cambia la calificación jurídica del caso.

El perjuicio en el caso de estudio

Ejercicio Tributo omitido (S/) Intereses (S/) Deuda total (S/) Umbral 100 UIT (S/)
Impuesto a la Renta 2021 1,697,185 714,854 2,412,039 440,000
Impuesto a la Renta 2022 1,090,746 340,312 1,431,058 460,000
Total 2,787,931 1,055,166 3,843,097 —

La renta neta imponible determinada por la SUNAT equivale exactamente a la suma de los reparos: S/ 5,796,798 en 2021 y S/ 3,743,055 en 2022. Aplicando la tasa del Régimen MYPE Tributario (10 % hasta 15 UIT y 29.5 % sobre el exceso), esas bases reproducen al sol los tributos omitidos del informe.

Esa reproducción revela un punto que el perito de parte debe examinar. Las declaraciones juradas mostraban pérdidas de S/ 2,973,427 (2021) y S/ 1,186,367 (2022), y en el extracto disponible no se aprecia que se hayan compensado contra los reparos. Si correspondiera hacerlo, el tributo omitido bajaría a unos S/ 820,024 y S/ 740,768. Ambos montos seguirían por encima de 100 UIT, pero el perjuicio se reduciría en más de la mitad, con efecto directo en la reparación civil y en la determinación de la pena. La validez de esta observación depende del expediente completo, que el perito debe revisar antes de afirmarla.

Un caso archivado por un perjuicio que no existía

La ponente narró un caso que ilustra el alcance de este trabajo. La empresa contaba con un crédito fiscal muy elevado; al emitir sus resoluciones de determinación, los propios auditores lo compensaron, con lo que únicamente disminuyó el saldo a favor. Aun así, el informe sostenía un perjuicio de alrededor de S/ 600,000.

La defensa solicitó que el fiscal citara a las auditoras. Estas presentaron dos o tres explicaciones sucesivas sin advertir que ellas mismas habían compensado la deuda. Mediante un arrastre minucioso se demostró que la empresa no tenía deuda, y el caso se archivó respecto del gerente defendido. También cayó la imputación conexa por fraude: sin perjuicio fiscal, la cuantificación del fraude carecía de base.

Lección para el perito contable: Recalcule siempre el perjuicio. Busque arrastres mal hechos, saldos a favor no compensados, dobles ajustes, operaciones ya regularizadas y períodos prescritos. Un solo error de cálculo puede eliminar una agravante — o el delito mismo.


VI. Fehaciencia de las Operaciones y Carga de la Prueba

El incumplimiento del proveedor no se traslada automáticamente al comprador: si este acredita la realidad de la operación, conserva el costo, el gasto y el crédito fiscal. Es la regla que debe invocarse cuando la SUNAT califica compras como “no reales” porque el proveedor no fue hallado, tiene la condición de no habido o no exhibió su contabilidad.

El Tribunal Fiscal exige que el contribuyente mantenga un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes corresponden a operaciones reales (RTF N° 00120-5-2002 y 03708-1-2004). Al mismo tiempo, en la RTF N° 03960-12-2026 (24 de abril de 2026) sostuvo que la falta de licencia, de trabajadores en planilla u otras observaciones similares del proveedor no acreditan por sí solas la inexistencia de la operación: la SUNAT debe demostrar que no ocurrió y valorar integralmente la prueba presentada.

Este criterio tiene un límite. El Tribunal no convalida el crédito fiscal cuando el adquirente conocía o debía conocer que el emisor no era el verdadero proveedor, aun existiendo medios de pago (RTF N° 02267-12-2026). Esta frontera es relevante en esquemas de empresas vinculadas como el del caso de estudio.

Trazabilidad en tres fases

La fehaciencia se prueba reconstruyendo la operación completa, no exhibiendo solo la factura. En la fase preparatoria: correos, cotizaciones, órdenes de compra o servicio y evaluación de proveedores. En la fase de entrega o ejecución: guías de remisión, partes de ingreso a almacén, kárdex, informes o entregables y actas de conformidad. En la fase de pago: constancias de transferencia, cheques no negociables, estados de cuenta y la vinculación de cada pago con su comprobante, conforme a la Ley N° 28194.

La ponente matiza este estándar con realismo: muchas empresas del interior del país no operan con el circuito documental de una empresa de Lima. El perito debe acreditar la trazabilidad hasta donde sea posible y explicar por qué falta lo que falta. También advierte sus límites: en un caso de compra de reses, la SUNAT había verificado el paso del transporte por la garita de control, la placa y el transportista. Frente a cruces de información de ese tipo, la sola afirmación de que la compra ocurrió no basta.

Lo que el auditor tributario no puede afirmar

En la ronda de preguntas se planteó un caso en etapa de juicio oral: la SUNAT afirmaba que las firmas en los recibos de pago a proveedores “no corresponden”, mientras una pericia grafotécnica había concluido que sí. La ponente fue tajante: un auditor puede calificar un documento como inconsistente, pero no como falso. La autenticidad de una firma es competencia exclusiva del perito grafotécnico. La estrategia recomendada combina la pericia grafotécnica, el detalle de cada pago bancarizado ubicado en la propia carpeta fiscal y la jurisprudencia sobre proveedores no habidos, señalando en audiencia cada error por página, tomo y folio.


VII. ¿Si se Paga el Perjuicio Fiscal, Igual Sigue el Delito?

Pagar el perjuicio no extingue el delito si el pago llega tarde: lo que decide es el momento. La regla se encuentra en el artículo 189 del Código Tributario: no procede la acción penal si el contribuyente regulariza su situación antes de que se inicie la investigación fiscal o, a falta de esta, antes de que la SUNAT notifique cualquier requerimiento sobre el tributo y período involucrados. Regularizar significa pagar la totalidad de la deuda o devolver el beneficio indebidamente obtenido. La Corte Suprema trata esta figura como una excusa absolutoria (Acuerdo Plenario N° 2-2009/CJ-116).

Si el pago se produce después de iniciada la fiscalización o la investigación, extingue la deuda en sede administrativa, pero el delito sigue siendo perseguible; el pago puede operar como atenuante genérica (Casación N° 3555-2022/Lambayeque). Si se produce después de la acusación, se pierde la posibilidad de exención (Casación N° 3641-2024/Lambayeque).

La experiencia de la ponente coincide con la regla. Cuando el perjuicio es reducido, muchos investigados pagan y obtienen el archivo o una pena atenuada. Si no pagan y además concurren agravantes — como la devolución indebida del saldo a favor del exportador —, la defensa se vuelve muy difícil. Su consejo preventivo es actuar desde que llega la primera esquela, sin dejar que el caso escale.

Sobre las rectificatorias: El Código Tributario permite rectificar las declaraciones, pero una rectificatoria sin sustento documental no debe aceptarse como una cifra “en el aire”. El perito oficial debe pronunciarse sobre ella de forma motivada — omitirla también es un defecto —, y si los libros se perdieron, deben rehacerse dentro del plazo de 60 días que concede la SUNAT.


VIII. Delitos Aduaneros: Cuando la Valoración no es Comparable

En los delitos aduaneros, el perjuicio depende de una valoración de la mercancía, y esa valoración es atacable cuando utiliza precios que no son comparables. La ponente expuso un caso de contrabando de cigarrillos en la frontera con Bolivia: en una inspección se halló un vehículo con cigarrillos, azúcar y otros productos; el chofer huyó y la imputación recayó sobre la propietaria del vehículo, que lo habría alquilado. El perito de la administración, al no encontrar precio para la marca incautada, estimó el valor con el precio de otra marca publicado en una página web de Chile.

El argumento pericial de defensa tiene dos capas: la base no es comparable, porque corresponde a otra marca y a otro mercado; y el nivel de precio es incorrecto, porque un precio al consumidor final incluye utilidad e impuestos, mientras que la valoración debe partir del precio de compra, que es menor. Corregida la base, el valor puede quedar por debajo del umbral de 4 UIT, en cuyo caso no habría delito sino infracción administrativa.


IX. El Contra-Informe Pericial y su Defensa en Juicio

El producto final del perito de parte es un contra-informe independiente que el fiscal y el juez puedan contrastar, punto por punto, con el de la SUNAT. Su valor no depende de la extensión, sino de que cada observación sea verificable. Debe contener, como mínimo: un cuadro comparativo SUNAT versus perito de parte, con el tributo recalculado y la diferencia explicada; una matriz de inconsistencias con página, tomo y folio de cada error; el fundamento normativo, doctrinario y jurisprudencial de cada discrepancia; las limitaciones del propio análisis; y una conclusión alternativa razonada.

Para adquirir mayor solidez en juicio oral suele requerirse que el auditor que suscribió el informe lo ratifique, explique su metodología y responda a las preguntas de las partes. La ponente apunta una ventaja táctica: los auditores de la SUNAT rotan, y quien ratifica no siempre es quien elaboró el informe. Un interrogatorio preparado sobre la matriz de inconsistencias convierte esa debilidad en prueba.

Como recordó uno de los participantes del webinar, lo que interesa al magistrado es que se evidencie si la operación existió. El contra-informe debe ir directo a ese punto y dejar las infracciones formales en su lugar: el de las infracciones, no el del delito.


X. Conclusiones Accionables para el Perito Contable

Primera — El informe es pericia, no verdad absoluta: El Informe de Indicios es requisito de procedibilidad y pericia institucional, pero puede ser desvirtuado con prueba técnica, contable y documental. La defensa comienza desde que el informe llega a la Fiscalía.

Segunda — Diagnóstico antes de cotizar: Dedique de uno a tres días a evaluar la viabilidad del caso y decline los encargos que no pueda sustentar en audiencia.

Tercera — Método en diez etapas: Organice la defensa desde el análisis formal del informe hasta una conclusión pericial alternativa razonada, con una matriz de contradicciones que cite tomo y folio.

Cuarta — Recálculo obligatorio del perjuicio: Es el frente de mayor rendimiento. Un error de arrastre, de compensación o de base imponible puede eliminar agravantes o el delito mismo.

Quinta — Trazabilidad en tres fases: Pruebe la realidad de las operaciones con evidencia preparatoria, de ejecución y de pago. Los incumplimientos formales del proveedor no bastan para negarla.

Sexta — Respeto a la competencia técnica: El auditor tributario puede señalar inconsistencias, pero no declarar la falsedad de una firma. Esa conclusión corresponde al perito grafotécnico.

Séptima — El momento del pago lo decide todo: La regularización solo excluye la acción penal si se produce antes de la investigación fiscal o del primer requerimiento de la SUNAT. Después, el pago extingue la deuda, pero el delito sigue siendo perseguible.

Reflexión final: El peritaje de parte no consiste en decirle al cliente lo que quiere escuchar, sino en demostrar, con evidencia verificable, dónde el informe de la administración tributaria no se sostiene. Un perito que solo acepta casos defendibles y que fundamenta cada observación con documentos, cálculos y jurisprudencia no solo defiende a su cliente: fortalece la credibilidad de toda la profesión.


Marco Normativo y Jurisprudencial Aplicado

Decreto Legislativo N° 813 — Ley Penal Tributaria: Tipifica la defraudación tributaria (artículo 1), sus agravantes (artículo 5-D) y el requisito de procedibilidad del informe motivado de la SUNAT (artículo 7), modificado por el Decreto Legislativo N° 1716 (2026).

TUO del Código Tributario (D.S. N° 133-2013-EF): Artículo 62 (facultades de fiscalización), artículo 189 (regularización tributaria) y artículo 194 (valor de pericia institucional de los informes de la SUNAT).

Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957): Regula la actuación del fiscal y la valoración de la prueba pericial.

Ley N° 28008 — Ley de los Delitos Aduaneros: Tipifica el contrabando y la defraudación de rentas de aduana, con umbrales expresados en UIT.

Ley N° 28194 — Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía: Regula la bancarización de las operaciones.

Jurisprudencia de la Corte Suprema: Acuerdo Plenario N° 2-2009/CJ-116; R.N. N° 2740-2017/Lima; R.N. N° 1108-2018/Sullana; Casación N° 901-2019/Cañete; Casación N° 2505-2022/Lambayeque; Casación N° 3555-2022/Lambayeque; Casación N° 3641-2024/Lambayeque.

Jurisprudencia del Tribunal Fiscal: RTF N° 00120-5-2002; RTF N° 03708-1-2004; RTF N° 03960-12-2026; RTF N° 02267-12-2026.


Análisis elaborado a partir del Webinar “La Hora del Perito” realizado el 16 de octubre de 2026, con la participación de la Mg. CPC Pamela Cárdenas Torres, contadora pública colegiada, perito contable y auditora financiera, especialista en peritaje contable judicial, auditoría forense, lavado de activos y contrataciones con el Estado, y del material de clase compartido por la ponente. Certificado por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores del Ecuador y La Hora del Perito. Los datos del Informe de Indicios analizado fueron anonimizados.

Nota de actualización: El marco normativo y jurisprudencial referenciado corresponde a la legislación peruana vigente al 12 de noviembre de 2026. Se recomienda verificar posibles modificaciones normativas antes de aplicar los criterios expuestos en casos concretos.

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